El proyecto, impulsado por Encuentro Misionero, busca dejar atrás el esquema mixto y apostar a la oralidad. El procurador general Carlos Giménez aseguró que el objetivo es acelerar los procesos, ampliar la transparencia y darle un papel más fuerte a las víctimas.
La Legislatura de Misiones tratará este jueves un proyecto que promete reconfigurar el funcionamiento de la Justicia provincial. Se trata de la reforma del Código Procesal Penal, una iniciativa surgida desde el espacio Encuentro Misionero que propone instalar el sistema acusatorio y colocar a la oralidad como columna vertebral del proceso. La meta declarada es triple: acortar los plazos judiciales, mejorar la transparencia y facilitar que los vecinos accedan a la Justicia.
La presentación estuvo a cargo del procurador general de Misiones, Carlos Giménez, acompañado por ministros del Superior Tribunal de Justicia y por integrantes del Colegio de Abogados. En el programa El Periodista, de Canal Doce, el funcionario describió la propuesta como un trabajo construido en conjunto entre los distintos actores del sistema judicial y la definió como un esquema más rápido y transparente, bajo la premisa de que una justicia lenta deja de ser justicia.
Un sistema que llegó al límite
El cambio de fondo apunta a redistribuir los roles dentro del proceso penal. Hoy, el juez de instrucción concentra buena parte de la investigación y de la valoración de las pruebas. Con la reforma, esa función quedará en manos del fiscal, mientras que el juez pasará a controlar la legalidad de las actuaciones y a garantizar el debido proceso.
Giménez planteó que el sistema penal vigente se encuentra colapsado, lo que deriva en plazos interminables y expedientes engorrosos que tardan años en llegar a una sentencia. Bajo el nuevo modelo, detalló, el fiscal investigará y sostendrá la acusación, en tanto el juez evaluará la legalidad de lo actuado y resolverá las cuestiones ligadas a la libertad de los imputados.
El procurador remarcó que Misiones figura entre las pocas provincias del país que todavía conservan el sistema mixto tradicional. Por eso valoró que, después de 35 años, los actores judiciales se reúnan a debatir qué modelo procesal quiere la provincia.
Decisiones con inmediatez
La oralidad es el otro pilar de la propuesta. Con este método, las audiencias ganan centralidad y quedan registradas en su totalidad, lo que abre la puerta a mayor publicidad y control sobre las decisiones judiciales.
Para Giménez, se trata de un sistema oral donde las cuestiones se resuelven con inmediatez, con tiempos más cortos, mayor transparencia y resoluciones comprensibles para la sociedad. En esa línea, señaló que la histórica acumulación de expedientes dejará de ser el corazón de las investigaciones.
El proyecto también contempla la creación de una Oficina Judicial destinada a profesionalizar las tareas administrativas, ordenar las audiencias y mejorar los sistemas de notificación. Según el procurador, esa estructura permitirá que jueces y fiscales se concentren en sus funciones específicas, las jurisdiccionales y las de investigación.
Giménez sostuvo que la reforma responde a un reclamo histórico de la sociedad y apunta a adecuar la Justicia provincial a los desafíos actuales. El propósito, concluyó, es un servicio de justicia eficaz y oportuno, con un rol relevante para las víctimas y una verdadera igualdad entre las partes, porque el sistema penal debe acompañar las necesidades de la gente.